Caracas, 6 de enero de 2026 (Prensa Mincomunas).- El 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea de Venezuela; la madrugada de ese día, el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, y la primera combatiente, Cilia Flores, fueron vilmente secuestrados por el gobierno de los Estados Unidos, en una acción que vulneró de manera flagrante el derecho internacional, la inmunidad de jefes de Estado y la soberanía de toda la nación.
Se trató de una operación ejecutada fuera de cualquier marco legal, sustentada en una lógica de fuerza y dominación que revive las peores prácticas del colonialismo moderno.
Este secuestro no puede desligarse de los intereses estratégicos que históricamente ha tenido el poder imperial sobre Venezuela, pues la agresión responde al afán de controlar las riquezas naturales, en particular los recursos minerales y energéticos que hacen del país un territorio estratégico para los mercados globales. Ante la imposibilidad de someter políticamente a Venezuela por la vía electoral o diplomática, el gobierno estadounidense recurrió a la fuerza, intentando quebrar la voluntad popular y desestabilizar el orden constitucional.
Un mensaje al pueblo venezolano
En medio del intento de silenciar a Venezuela, el pueblo recibió imágenes del presidente Nicolás Maduro Moros que se convirtieron en un símbolo de resistencia y serenidad. En un video difundido tras su secuestro, el mandatario apareció realizando la seña de la paz, un gesto que trascendió lo visual y se transformó en un mensaje político de alto impacto.
Desde la Patria, esa imagen fue leída como una afirmación clara de liderazgo y conciencia histórica, y, aun privado de su libertad, el presidente envió un mensaje de calma, firmeza y confianza en el pueblo venezolano, reafirmando que la paz sigue siendo el camino, incluso frente a la agresión.
“Sigo siendo presidente de mí país”
Luego del secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, el gobierno de los Estados Unidos intentó encubrir este crimen de Estado mediante la imposición de un supuesto proceso judicial, con el cual buscó dar apariencia de legalidad a una acción que, desde su origen, viola el derecho internacional.
En sus primeras declaraciones tras conocerse esta maniobra, el presidente Nicolás Maduro fue enfático al afirmar: “Soy inocente, no culpable, soy un hombre decente, sigo siendo presidente de mi país”, dejando claro que no existe ningún fundamento real que sustente las acusaciones en su contra. Asimismo, denunció que todo el procedimiento responde a una operación política diseñada para justificar su secuestro y atacar la soberanía venezolana, subrayando que “me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”.
Desde la Patria se ha reiterado que no puede hablarse de justicia cuando un jefe de Estado es privado ilegalmente de su libertad, trasladado fuera de su territorio y sometido a un proceso sin garantías, sin defensa y sin respeto al debido proceso. Este intento de juicio no solo agrede al presidente electo por el pueblo venezolano, sino que sienta un precedente peligroso contra cualquier nación que se niegue a someterse a los designios imperiales.
Venezuela responde con institucionalidad
Frente al secuestro, Venezuela actuó con firme apego a su marco constitucional para garantizar la continuidad del Ejecutivo y la defensa del orden jurídico. El 5 de enero de 2026, la Asamblea Nacional, en pleno ejercicio de sus funciones, procedió a instalar el nuevo período legislativo 2026-2031 y la junta directiva 2026-2027, conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se dio cumplimiento al mandato legal para asegurar la continuidad del Gobierno Nacional.
Por su parte, de acuerdo con el artículo 234 de la Constitución “las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional hasta por noventa días más”. En ese marco, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada de la República, bajo un mandato constitucional que permite preservar la gobernabilidad sin quebrantar el orden legal establecido por el pueblo venezolano.
“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes: Maduro y Cilia. Vengo con dolor, pero con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y venezolanas, vengo a jurar por Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y venezolanas”, expresó Rodríguez.
La voz de la dignidad y la continuidad histórica
En la instalación del Período Constitucional Legislativo 2026-2031, la Asamblea Nacional estuvo marcada por una ausencia que atravesó el hemiciclo y al país entero. Así lo expresó el diputado Nicolás Maduro Guerra al iniciar su intervención, al afirmar que “hoy estamos con un ausente”, enviando un saludo directo al pueblo de Venezuela y ratificando que existe un compromiso firme e inclaudicable para defender la dignidad nacional en medio de la agresión que enfrenta la Patria.
Desde una posición profundamente humana y política a la vez, el diputado denunció con claridad que “mi papá, el presidente Nicolás Maduro Moros, y mi segunda madre, la diputada Cilia Flores de Maduro, han sido secuestrados”. En su intervención, Nicolás Maduro Guerra reivindicó la dimensión humana del presidente constitucional, recordando que Nicolás Maduro Moros no es solo un jefe de Estado, sino también “un padre, es obrero, trabajador, un educador del que aprendí el trabajar y luchar, es un abuelo amoroso, es un compañero leal y un gran amigo de los amigos”.
De igual forma, destacó la trayectoria y la integridad de Cilia Flores, a quien definió como “una mujer íntegra, madre dedicada, abnegada a sus hijos, a sus nietos y nietas, una profesional extraordinaria del derecho que no perdió ni un caso en 20 años de ejercicio”.
Contextualizó el secuestro como un hecho de profunda gravedad histórica y política, al advertir que no se trata de una acción aislada ni circunstancial, sino de un ataque directo contra la identidad, la soberanía y la trayectoria de lucha del pueblo venezolano. Estableció un claro contraste entre la lógica imperial y la herencia libertaria que define a la Patria, reafirmando que frente a cualquier intento de dominación externa prevalece el legado de Simón Bolívar.
Finalmente, extendió un llamado firme a la conciencia internacional, señalando que la solidaridad con Venezuela, con Nicolás Maduro y con Cilia Flores, no es un gesto opcional, sino una responsabilidad ética y jurídica frente a una agresión que compromete la paz y el equilibrio del orden mundial, ratificando que el pueblo venezolano, desde sus valores bolivarianos y chavistas, permanece unido y decidido a defender la paz en cualquier circunstancia.
